Sentencia Corte Suprema
Santiago, veintidós de mayo de dos mil tres.
En estos autos rol Nº 8.229, del Cuarto Juzgado Civil de Talca, caratulados Estrada Medina Belfor con Transportadora Río Cisnes Limitada, sobre juicio ordinario de acción reivindicatoria, con demandas reconvencionales de declaración de prescripción ordinaria, y en subsidio extraordinaria, y cuyas partes son, como demandante don Belfor Estrada Medina; y como demandado la Sociedad Transportadora Río Cisnes Ltda., actualmente Agrícola Río Cisnes Ltda., quien pasó a actuar en calidad de tercero coadyuvante, y los citados de evicción Sr. Abraham Ducase y otros, quienes asumieron la calidad de demandados, el juez titular de dicho tribunal, por sentencia de dos de marzo de dos mil, acogió la demanda interpuesta en los términos solicitados, considerándose el demandado poseedor de buena fe para los efectos de las restituciones mutuas y rechazó las demandas reconvencionales. Apelada esta resolución por el demandante en esta última parte, y por el tercero coadyuvante y los citados de evicción, una Sala de la Corte de Apelaciones de Talca, por sentencia de siete de diciembre de dos mil uno, revocó la sentencia en la parte que acogió la demanda y en su lugar declaró que no se hace lugar a dicho libelo, por serle inoponible a la parte demandada la sentencia definitiva en que se fundamenta la pretensión de reivindicación, y la confirmó en lo demás.
En contra de esta sentencia las partes interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo.
Se trajeron los autos en relación.
COSIDERANDO:
RESPECTO DE LOS RECURSOS DEDUCIDOS POR LA PARTE DE DON BELFOR ESTRADA MEDINA, DEMANDANTE DE AUTOS:
DEL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:
1º La recurrente estima que el fallo que se revisa adolece de los siguientes vicios de casa ción formal:
a.- El contemplado en el artículo 768 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es en haber sido dada ultra petita, otorgando más de lo pedido por las partes o extendiéndolo a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, pues el fallo de segunda instancia acoge una supuesta excepción de inoponibilidad que habría interpuesto la parte demandada, no reflejándose tal circunstancia en los escritos de contestación y demanda reconvencional. Luego, resulta equivocada la afirmación hecha por el Tribunal en ese sentido, y por otra parte, el sentenciador de segundo grado fundó su decisión de acoger esa supuesta excepción de inoponibilidad en argumentos no expuestos por los litigantes o en situaciones de hecho que no se discutieron en este proceso;
b.- Se incurre, además, en el vicio contemplado en el artículo 768 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil, esto es, contener el fallo que se revisa decisiones contradictorias, puesto que formula la misma sentencia dos consideraciones jurídicas distintas respecto de una misma situación, en relación a la calidad de los citados de evicción y la de su abogado; y por otra parte se configura esta causal, al revocar el fallo en su totalidad y a la vez confirmarlo;
2º Que, para resolver éste y los demás recursos de las partes es bueno tener presente los siguientes hechos establecidos por los jueces del fondo en sus respectivas sentencias:
a.- Que doña Ernestina Acuña Lazo fue dueña de un retazo de terreno ubicado en la entonces subdelegación de Río Claro;
b.- Que por escritura de 30 de agosto de 1972 la mencionada Acuña Lazo vendió a don Eduardo Omar Estrada un retazo de terreno de siete cuadras de superficie que formaba parte del predio antes referido, y que se inscribió a fs. 1.098 Nº 1.105 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca con fecha 18 de octubre de 1972;
c.- Que por escrituras públicas de 3 y 9 de agosto de 1973, respectivamente, inscritas en el mismo Conservador, don Guillermo Donoso Vera y doña Carmen Rosa Javiera Olave Radrigán cedieron sus derechos hereditarios en la herencia de doña Ernestina Acuña Lazo al demandante de autos don Belfor Estrada Medina;
d.- Que por escritura de 10 de febrero de 1976, don Eduardo Omar Estrada y su cónyuge doña Laura Gonzál ez Sepúlveda se separaron de bienes y liquidaron la sociedad conyugal que había entre ellos, adjudicándose doña Laura González Sepúlveda el predio adquirido por su cónyuge, lo que se inscribió en el Registro y Conservador citado a fs. 146 Nº 163 del año 1976;
e.- Que la propiedad adjudicada a doña Laura González Sepúlveda fue objeto de sucesivas ventas hasta llegar al dominio de los señores Francisco Ducasse Espinoza y demás citados de evicción en estos autos, y de la demandada;
f.- Que la compraventa señalada en la letra b) de este considerando, efectuada a don Eduardo Omar Estrada, fue declarada nula en juicio con don Belfor Estrada Medina, litigio en el cual se notificó al demandado con posterioridad a la inscripción de la adjudicación señalada en la letra d) del presente considerando, y sin que la adjudicataria fuera parte en dicho juicio, ordenándose cancelar la inscripción de dicha compraventa, que ya estaba cancelada por la referida adjudicación, y
g.- Que en la compraventa declarada nula se dijo que se vendían siete cuadras, y sin embargo el Conservador de Bienes Raíces de Talca procedió a inscribir el predio total, que en definitiva se afirma que tiene 142 hectáreas.
3º Que, respecto de la primera causal de casación en la forma planteada por el recurrente, no existe el vicio de ultra petita que se invoca, por cuanto tanto en la contestación de la demanda como en la apelación de los citados de evicción se invocó la mencionada inoponibilidad en el sentido que la demanda de nulidad dirigida por el demandante en contra de Eduardo Omar Estrada le fue notificada a éste después de la adjudicación a doña Laura González Sepúlveda a que se ha hecho referencia, razón por la cual dicha sentencia, por mucho que haya acogido la petición de nulidad, no puede afectarle en su adquisición del predio ni tampoco a sus sucesores y esa es la inoponibilidad a que se refiere la contestación de la demanda, la apelación y la sentencia de autos, por lo cual resulta improcedente sostener que haya habido ultra petita, ya que la sentencia impugnada no se apartó de lo invocado por las partes en la litis;
4º Que, en cuanto a la pretendida infracción en orden a que el fallo contenga dediciones contradictorias, tampoco puede prosperar por cuanto, respecto de la primera, es obvio que la sentencia, al referirse al abogado señor Antonio Recabarren Escudero, no lo considera como parte en el juicio, sino que ha dejado claramente establecido que actúa en representación de los citados de evicción, rechazando la sentencia impugnada la alegación del demandante en orden a que no tendría dicha representación, al dejar establecido dicha sentencia que sí la tiene, lo que es efectivo al tenor de lo dispuesto en los artículos 7º del Código de Procedimiento Civil, y 2º de la Ley Nº 18.120;
5º Que en cuanto se señala que también habrían decisiones contradictorias porque la sentencia impugnada, al mismo tiempo, revoca la de primera instancia y rechaza la demanda, para luego decir que se la confirma en lo demás, contradicción que consistiría en que nada se mantendría de la anterior, ello no es así porque es evidente que sí hay una parte que se conserva como es, desde luego, el rechazo de las demandas reconvencionales del citado de evicción y de la demandada;
6º Que, en consecuencia el recurso de casación en la forma de la parte demandante será rechazado.
DEL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO:
7º Que el actor al fundar su recurso estima que la sentencia que por este acto impugna adolece de sendos errores de derecho, que implican infracciones de ley, que se han traducido en una errónea interpretación que hace de las normas aplicables al caso, como también de una contravención formal de la ley, en el sentido que se ha dispuesto algo contrario a lo expresamente establecido en ella, indicando que las normas infringidas serían las siguientes:
a.- Los artículos 1561 y 2131 del Código Civil, en relación al artículo 342 del Código de Procedimiento Civil y artículo 1700 del Código Civil: puesto que el sentenciador rechaza la incidencia planteada por el actor, y que fue acogida por el fallo de primera instancia, referente a que el mandatario judicial, a través del cual comparecieron los citados de evicción, no tenía facultades para representarlos, haciendo una interpretación incorrecta de lo alegado por las partes, puesto que tratándose de un mandato judicial especial infringe abiertamente lo dispuesto en los artículos 1561 y 2131 del Código Civil, dado que pretende que el mandatario tenga más facultades que las que los propios mandantes le han c onferido, desconociendo además el mérito probatorio y contenido del instrumento público acompañado por los propios citados de evicción;
b.- El artículo 1689 del Código Civil, toda vez que desconoce la facultad del actor para perseguir y obtener la devolución del inmueble de su propiedad que se encuentra en manos de terceras personas, y
c.- Los artículos 889 del Código Civil y 342 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1700 del Código Civil, y artículos 384 Nº 2 y 399 del de Procedimiento Civil, puesto que el predio cuya reivindicación se persigue se encuentra claramente singularizado, y sin perjuicio de ello el fallo de segunda instancia estima que no lo está, contraviniendo expresamente el mérito de autos y lo dispuesto en el artículo 889 antes citado, desconociendo los instrumentos públicos acompañados por el actor, las declaraciones de los testigos que depusieron en autos, y la confesión realizada por el tercero coadyuvante en su presentación de fojas 554, al señalar que el predio de que está en posesión corresponde al mismo cuya restitución se solicita en autos;
8º Que respecto de la primera causal de casación en el fondo que se invoca, ella debe rechazarse por las razones señaladas en el considerando 4º de esta sentencia y además porque no es efectivo que se vulneren los arts. 1.561 y 2.131 del Código Civil en relación al art. 342 del Código de Procedimiento Civil y 1.700 de aquel Código. El art. 1.561 se refiere a la interpretación del contrato, que corresponde a los jueces del fondo, y ella no puede ser modificada por esta Corte, porque las normas invocadas como infracción a las leyes reguladoras de la prueba instrumental, no han sido vulneradas por cuanto lo que hizo el tribunal de alzada fue determinar lo que el respectivo instrumento decía, lo que le pertenece soberanamente, y que además esta Corte comparte por las razones ya indicadas. En cuanto al art. 2.131 del Código Civil tampoco está infringido, dado que si el abogado mandatario tiene la facultad en la forma antes señalada de concurrir en representación de sus mandantes que han sido citados de evicción, es obvio que al hacerlo cumple rigurosamente los términos del poder que se le da de acuerdo con la interpretación de éste, efectuada soberanamente por la sentencia refer ida;
9º Que, en cuanto a la infracción del art. 1.689 del Código Civil ella se hace descansar en un supuesto desconocimiento del efecto que produce la nulidad judicialmente declarada al otorgar acción reivindicatoria contra terceros poseedores, pero el precepto agrega de inmediato sin perjuicio de las excepciones legales lo cual indica que no basta que se declare la nulidad de una compraventa y su correspondiente inscripción para que prospere necesariamente una demanda reivindicatoria, si, por las razones que se darán más adelante, ella no es procedente, y sobre todo si había operado, como se verá al referirse a los demás recursos de casación, la prescripción extintiva de dicha acción reivindicatoria;
10º Que, igualmente, el recurso de casación en el fondo de la parte demandante en cuanto se refiere a la singularización del predio, deberá ser también examinado conjuntamente con los recursos deducidos por sus contrapartes, y será rechazado por las razones que allí se exponen, por cuanto aún de ser efectivos, no influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo ya que la demanda fue rechazada por otras razones, y especialmente por la inoponibilidad señalada. Por lo demás, la declaración sobre la singularización del predio del fallo recurrido se basa en que los deslindes señalados en su reivindicación se refieren al predio completo de 142 hectáreas sin precisar a que parte del mismo corresponden las siete cuadras que son objeto de su pretensión.
11º Que, por lo dicho, el recurso de casación en el fondo de la demandante también será rechazado.
DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR LOS CITADOS DE EVICCIÓN Y POR LA SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CISNES LIMITADA:
DE LOS RECURSO DE CASACION EN LA FORMA:
12º La sentencia que se impugna, estima la recurrente citada de evicción, ha incurrido en los siguientes vicios de casación en la forma:
a.- En el establecido en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 170 Nº 6 del mismo Código, esto es falta de decisión del asunto controvertido, que se produce respecto de las siguientes alegaciones hechas por las partes: 1.- de la excepción de prescripción extintiva hecha valer por su parte en segunda instancia, la que sin p erjuicio de haberle dado tramitación legal y referirse a ella someramente en el fallo recurrido, no la resolvió por estimar innecesario hacerlo al declarar la inoponibilidad, impidiendo de esta manera obtener la necesaria certeza jurídica que de todo fallo debe emanar respecto a un derecho controvertido; y 2.- de la excepción de prescripción extintiva hecha valer por el tercero coadyuvante y primitivo demandado, y asimismo respecto de las acciones de prescripción adquisitiva deducidas reconvencionalmente por la sociedad Transportadora Río Cisnes Ltda. como por lo citados de evicción, haciendo prevalecer una cuestión de orden procedimiental, omitiendo pronunciamiento respecto de las materias señaladas;
b.- La causal del artículo 768 Nº 5 en relación con el artículo 170 Nº 4 ambos del Código de Procedimiento Civil, esto es la falta de consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, lo que se ha traducido en que el fallo impugnado no contiene consideraciones de hecho congruentes con la controversia, razona erradamente respecto de aquellas alegaciones formuladas por las partes, esto es resolver sobre la acción reivindicatoria por una parte y sobre las excepciones de prescripción extintiva y acciones de prescripción adquisitiva por la otra; además, no hace consideraciones o son incongruentes las realizadas en relación a la falta de cumplimiento de uno de los requisitos de la acción reivindicatoria, cual es la singularización completa del bien cuya reivindicación se demanda; finalmente, omite analizar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legales de la prescripción extintiva y de la adquisitiva, tanto ordinaria como extraordinaria;
13º Por su parte la Sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada estima que la sentencia impugnada infringe lo dispuesto en el artículo 170 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil, puesto que omite decidir respecto de la prescripción adquisitiva alegada por su parte y los citados de evicción en sus respectivas demandas reconvencionales;
14º Que, respecto de ambas causales de casación, si bien es cierto que la sentencia de primera instancia, en su considerando 35º, se refería a la prescripción, el mismo fue eliminado en la de segunda, la que en su lugar consideró que lo ya dicho era suficiente para desentenderse de los de la s demás excepciones y de la pretensión reconvencional del actor (sic) (considerando 16º de la sentencia de segunda instancia) ; sin embargo de lo cual en los considerandos siguientes se refiere a la prescripción extintiva de la reconvención tanto del citado de evicción como de la demandada, en que se pidió se declarara la prescripción adquisitiva a favor de la actual poseedora, demandada en estos autos, para concluir el fallo, en su considerando 19º, en una frase realmente que resulta ininteligible, a saber: Que la cuestión de que se trata, formulada bajo esos términos, carece de fundamento; ello, por encontrarse pendiente la decisión sobre la situación jurídica en que se la sustenta; por lo cual, procede rechazarla.. Más delante en los considerandos 24º y 25º razona que no se pueden adquirir por prescripción las cosas indeterminadas para concluir en este último que: Que obsta a la estimación de la acción de prescripción adquisitiva, atendiendo sólo a la propia excepción de quien la ha promovido, relativa a que el bien objeto de la demanda no cumple con los requisitos de su determinación para los efectos de procedencia de la pretensión de reivindicación de su contraparte.;
15º Que todo ello lleva a la conclusión que el sentenciador de segunda instancia no ha incurrido en los vicios de casación en la forma que se le atribuyen, porque si bien sus consideraciones, como se dirá a continuación, resultan profundamente erróneas y contrarias a derecho, la sentencia no carece de ellas, y aunque es cierto que no se pronunció sobre la excepción de prescripción extintiva directamente como tal excepción, sí que lo hizo a propósito de la reconvención, porque al negar una posible prescripción adquisitiva al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.517 del Código Civil, está igualmente rechazando, aunque sin decirlo derechamente, la procedencia de la prescripción extintiva. Tampoco dejó de decidir el asunto controvertido por la misma razón que la llevó a rechazar el recurso de la parte demandante, dado que si bien la sentencia de segunda instancia revocó la de primera en cuanto ésta acogía la demanda principal, y en consecuencia la rechazó, confirmó aquella en todo lo demás, dentro de lo cual iba el rechazo de la reconvención, esto es, no acogió la procedencia de la prescripción adquisitiva, y por lo señalado, tampoco de la extintiva. Esta Corte no comparte los argumentos de este fallo, pero ello no puede llevar a concluir que haya falta de argumentaciones y de decisión del asunto controvertido;
16º Por todas estas razones se rechazarán también los recursos de casación en la forma deducidos por los citados de evicción y por la demandada sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada.
RESPECTO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN EL FONDO:
17º Que los citados de evicción estiman que la sentencia que se revisa incurre manifiestamente en el error de derecho consistente en haber prescindido o no haber reconocido que concurren en el caso de autos los requisitos legales para declarar tanto la prescripción extintiva de la acción reivindicatoria, como para acoger la acción de prescripción adquisitiva de dominio, prescindiendo de aplicar las disposiciones legales vigentes que reglan la institución de la prescripción tanto extintiva como adquisitiva, más aún cuando ha sido alegada, infringiéndose de esta forma lo dispuesto en los artículos 2514 y 2517 del Código Civil, normas que regulan la prescripción extintiva, y de aquellas que gobiernan la prescripción adquisitiva contenidas en los artículos 2498, 2500, 2506, 2507, 2508, 2510, 2511 y 2513 del mismo cuerpo legal;
18º Que, por su parte la sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada funda su recurso de casación en el fondo en que los jueces de la instancia han infringido lo dispuesto en los artículos 700, 701, 702, 703,706, 708 en relación con los artículos 2493, 2498, 2500, 2501, 2505, 2506, 2507 y 2508, todos del Código Civil, puesto que no se han pronunciado favorable ni negativamente sobre las excepciones de prescripción de la acción de reivindicación alegada, ni respecto de la falta de requisitos objetivos y necesarios para fundar la acción de reivindicación, tal como la indeterminación o falta de singularización del bien que se ha pretendido reivindicar, ni tampoco sobre la declaración de prescripción adquisitiva del dominio alegada por vía de acción reconvencional. En efecto, las normas que se han señalado como infringidas, en su correspondencia y según el mérito de autos, autorizaban plenamente para accionar por vía de reconvención, solicitan do la declaración de prescripción adquisitiva en su favor, la que no ha sido concedida y ni siquiera resuelta, no bastando ni pudiendo bastar al efecto la mera consideración efectuada por los jueces que sin invocar norma legal alguna, determinan por reflexión considerativa que la antedicha acción no podría acogerse por atribuir al bien de su parte, Fundo Santa Victoria, el carácter de indeterminado, circunstancia que se aparta de todo cuanto consta a este respecto en autos, infringiéndose, además, en esta parte las normas reguladoras de la prueba;
19º Que, en ambos recursos de casación en el fondo, en definitiva, el punto que ellos objetan es que por el tiempo transcurrido y el cumplimiento de los demás requisitos legales ha operado respecto del demandado la prescripción adquisitiva ordinaria, y en subsidio la extraordinaria, razón por la cual igualmente debió acogerse la excepción de prescripción extintiva;
20º Que, en esta parte adquiere toda su importancia la objeción que se hace a la sentencia recurrida en cuanto a las razones por las cuales rechaza tanto, aunque sin decirlo, la excepción de prescripción extintiva, como las demandas reconvencionales para que se declare la adquisitiva. La primera, porque como ya se dijo, el considerando 19º resulta incomprensible, y pareciera estarse remitiendo a las demandas reconvencionales que rechaza con el argumento de que no estando individualizado el predio del reivindicante, no puede acogerse las reconvenciones en contra de éste, argumento que debe desecharse , por cuanto lo que ha pedido la parte demandada en su reconvención es que el predio reivindicado y del cual se ha requerido que se declare la prescripción adquisitiva, es el mismo sobre el cual ha operado la reivindicación, y solicitándose, por la parte demandante la cancelación total de su inscripción, por lo que sean cuales sean los defectos que pudiera tener la individualización del predio de la demandante, ellos nada tienen que ver con el predio de la demandada que está perfectamente singularizado no sólo por la inscripción cuya cancelación total se pide en la demanda, sino también por sus deslindes y demás probanzas establecidas por los jueces del fondo;
21º Que, en consecuencia, cumpliéndose el requisito de la prescripción exigido por la sentencia de segunda instancia en orden que se t rate de cosa determinada, corresponde decidir si concurren los demás requisitos legales. Que, dado el tiempo transcurrido y lo dispuesto en los arts. 2.510 y 2.511 del Código Civil, resulta indudable que se ha cumplido con exceso el plazo máximo de diez años de la prescripción extraordinaria, ya que la actual poseedora puede sumar las anteriores posesiones inscritas de sus antecesores en el dominio de acuerdo con lo dispuesto en el art. 717 del Código Civil hasta llegar a lo menos a las de los citados de evicción, inscripciones todas que están a salvo del vicio original de la errónea inscripción efectuada por el Conservador de Bienes Raíces y sin que la nulidad de la inscripción del total del predio, en vez de la parte enajenada, afecte por lo señalado a aquellas.
22º Que en atención a lo antes señalado, se acogerán los recursos de casación en el fondo deducidos por los citados de evicción y la sociedad demandada.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 764, 767, 768, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el abogado don Cristian Peralta Henriquez, en representación de la demandante, en lo principal y primer otrosí de fojas 700, y los recursos de casación en la forma interpuestos por el abogado don Guillermo Monsalve Mercadal, en representación de los citados de evicción, en lo principal de fojas 711, y por don Javier Cortés Unzueta, en representación de la Sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada, en lo principal de fojas 752, y SE ACOGEN los recursos de casación en el fondo deducidos por los citados de evicción y por la demandada en el primer otrosí de fojas 711 y lo principal de fojas 752 respectivamente, y se declara que se invalida la sentencia de siete de diciembre de 2001, escrita a fojas 691 y siguientes, la que se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista.
Regístrese.
Redacción del abogado integrante señor René Abeliuk Manasevich.
Rol Nº 294-02.
Sentencia de Reemplazo Corte Suprema
Santiago, veintidós de mayo de dos mil tres.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.
VISTOS:
Se reproduce la parte expositiva del fallo en alzada; también sus considerandos, con excepción del decimoctavo, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo quinto, como asimismo sus citas legales, salvo las referencias a los artículos 893, 904, 2.503 y 2.515 del Código Civil, y
Teniendo en su lugar y además presente, lo siguiente:
1º Que, en primer lugar debe revocarse la sentencia apelada en cuanto establece que el abogado de los citados de evicción no tiene poder suficiente para contestar la demanda de autos en su representación, por las razones y motivos señalados en el considerando Nº 4º de la sentencia de casación, en relación con los considerandos 1º y 2º de la sentencia recurrida que se dan por reproducidos;
2º Que, en cuanto al fondo de la acción reivindicatoria deducida por la demandante, los citados de evicción y la demandada actuando como tercero coadyudante, han opuesto las siguientes excepciones.
a.- La inoponibilidad de la sentencia recaída en el juicio de nulidad de contrato de compraventa seguido entre los señores Belfor Estrada Molina y don Eduardo Omar Estrada;
b.- La prescripción extintiva de la acción de reivindicación por haber operado a favor de los actuales poseedores la prescripción adquisitiva ordinaria, o en subsidio la extraordinaria, y
c.- La falta de singularización del predio que se reivindica, ya que el predio cuya reivindicación se demanda tiene siete cuadras, y la heredad de la demandada 142 hectáreas y diferentes deslindes. Que se examinarán estas tres excepciones, teniendo presen te lo ya señalado al respecto en la sentencia de casación, y especialmente en relación a lo expresado en las letras a) y c) , puntos en que la sentencia casada no fue impugnada, y se reproduce de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil.
3º Que, en cuanto a la excepción de inoponibilidad conviene recalcar que, como se ha señalado en la sentencia de casación, el demandante reclamó la nulidad de dicho contrato de compraventa en juicio seguido contra el comprador don Eduardo Omar Estrada, a quien se le notificó la demanda, en circunstancias que ya a esa fecha éste se había separado de bienes de su cónyuge doña Laura González Sepúlveda, a quien se adjudicó la propiedad a que se refería dicha compraventa, y sin que ella fuese notificada de la demanda. En dicho juicio además, se pidió que se cancelara la inscripción respectiva, lo que fue concedido en circunstancias que dicha inscripción ya estaba cancelada en virtud de la adjudicación señalada. Además se alega que dicha adjudicación se otorgó existiendo en el juicio de nulidad de la compraventa decretada medidas prejudiciales precautorias inscritas en el registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces de Talca el 17 de agosto de 1976, en circunstancias que la adjudicación a doña Laura González Sepúlveda ya estaba inscrita con fecha 19 de febrero de 1976, por lo cual dicha prohibición no podía afectar a dicha separación de bienes y adjudicación a la cónyuge. En consecuencia, se encuentra plenamente acreditado en autos que dicha medida precautoria no puede comprometer ni a este acto ni tampoco a los sucesores en el dominio de la adjudicataria;
4º Que, en general la nulidad judicialmente declarada sólo afecta a las partes de acuerdo al art. 1.687 del Código Civil, porque sólo a ellas da el derecho para ser restituídas al mismo estado en que se hayarían si no hubiera existido el acto o contrato nulo, lo cual no es sino consecuencia de la regla general del inciso 2º del artículo 3º del mismo Código Civil que determina que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Sin embargo, el artículo 1.689 excepcionalmente, como ya se ha destacado en el fallo de casación, da acción reiv indicatoria en contra de terceros poseedores, razón por la cual normalmente pudo el demandante reclamar en contra del otorgante del contrato y demandar en ese mismo acto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil, o posteriormente una vez declarada la nulidad, al actual poseedor de la finca reivindicada. Sin embargo, en este último caso el riesgo del demandante es que al declararse la nulidad que le da derecho a reivindicar contra terceros poseedores, éstos ya hayan adquirido por prescripción adquisitiva el dominio de su predio, por lo cual podrán, como ocurre en el caso de autos, oponer la excepción de prescripción extintiva, de acuerdo, como se ha señalado en la sentencia de casación, al artículo 2.517 del Código Civil. Pero aún más, tratándose de una disolución de la sociedad conyugal y adjudicación a quien no había concurrido al otorgamiento del contrato que se anula, y dado el efecto declarativo de aquella, según lo dispuesto en el artículo 1.344 del Código Civil en relación con el artículo 1.776 del mismo Código, dicha nulidad no puede empecerle a la cónyuge adjudicataria que no ha sido legalmente emplazada en juicio. Y en este sentido resulta efectivo que en este caso particular la sentencia de nulidad no puede dar derechos en contra del tercer poseedor, máxime, si como se ha dicho, ya han transcurrido los plazos para intentar dicha acción;
5º Que, como ya se dejó establecido en los considerandos Nº s 16 a 20 del fallo de casación que se dan por preproducidos, al intentarse la acción reivindicatoria en contra del actual poseedor inscrito, esto es, la sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada, ésta ya había cumplido con exceso los plazos de la prescripción ordinaria, e igualmente de la extraordinaria, y en consecuencia, la acción reivindicatoria otorgada al demandante por el artículo 1.689 del Código Civil, no podía prosperar si se le oponía la excepción de prescripción, como así lo hicieron los citados de evicción como demandados y la demandada original como tercero coadyudante;
6º Que, no empece a esta conclusión la circunstancia que el Conservador de Bienes Raíces de Talca cometió un grave error al inscribir la compraventa de doña Ernestina Acuña Lazo a don Eduardo Omar Estrada, ya que dicha compraventa sólo se refer ía a siete cuadras que no fueron deslindadas, y en su lugar se colocaron los deslindes generales del predio, además modificados, con lo cual el predio pasó a abarcar una superficie muy superior. Que es igualmente efectivo que quien quiera sumar las posesiones anteriores a la suya, para los efectos del artículo 717 del Código Civil, deberá hacerlo con sus calidades y vicios, y que la actual poseedora sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada, figura como dueña por una anotación al margen de la inscripción de dominio de don Daniel Cortéz Unzueta efectuada el 21 de enero de 1997. Pero por ello mismo sólo le basta sumar aquellas posesiones hasta completar la prescripción de 10 años, contados desde la notificación de la demanda reivindicatoria del 14 de noviembre de 1998, por lo cual únicamente tiene que llegar hasta las adquisiciones de los citados de evicción de los años 1978, 1982 y 1987, que no contienen el vicio que se atribuye a la inscripción del señor Eduardo Omar Estrada, con lo cual se completa el plazo para la prescripción adquisitiva a lo menos extraordinaria del predio, lo que lo habilita además para oponer a la reivindicación la excepción de prescripción extintiva, sin que sea necesario para ello que tenga que sumar todas las anteriores hasta llegar a aquella que pueda adolecer de un vicio. El prescribiente determinará cual serie de posesiones suma a la suya, con la única condición de que debe cumplir la exigencia del inciso 2º del artículo 717, esto es, que la serie de antecesores en la posesión que añade a la suya sea no interrumpida;
7º Que, en cuanto a la singularización del predio opuesta como excepción, ella también debe declararse en el sentido de que si bien el retazo de terreno que se reivindica puede ser identificado con su inscripción y deslindes, ello se contradice con las demás afirmaciones y peticiones de la demanda. En efecto, la nulidad que se invoca y la cancelación del título de doña Ernestina Acuña Lazo abarcó a todo el predio que ésta había adquirido a título de heredera, y con los deslindes que se han señalado en estos autos, y como el fundamento de la reivindicación es la nulidad judicialmente declarada de la transferencia de doña Ernestina Acuña Lazo a don Eduardo Omar Estrada, y además se solicita que se cancele íntegramen te el título que abarca obviamente una superficie mayor equivalente a 142 hectáreas, no hay duda que no existe congruencia entre ambos predios, el que el reivindicante señala como propio, y que le pertenecería por las razones que se señalan, y el del reivindicado. Por esta razón, y aunque habiéndose acogido las demás excepciones la demanda igualmente tendrá que ser rechazada, puesto que también es efectivo que no se cumplen los requisitos de singularidad exigidos por la ley al establecer la reivindicación;
8º Que, por las mismas razones señaladas en el considerando anterior, debe acogerse la demanda reconvencional a fin de que se declare respecto del demandante la prescripción adquisitiva del predio, ya que si bien es cierto, como lo dijo la sentencia anulada de segunda instancia, el predio del reivindicante no se encuentra singularizado en los términos en que se exige por una acción reivindicatoria en relación al predio de los demandados, la verdad es que, como ya se ha dicho, el demandante ha pedido en su demanda que se cancele íntegramente la inscripción de dominio de la actual poseedora, por lo cual, y a fin de zanjar definitivamente entre las partes que el predio a que se refiere la actual inscripción de dominio a favor de la sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada, le pertenece, debe acogerse la demanda reconvencional declarando la prescripción adquisitiva.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, SE RESUELVE:
a.- Que se revoca la sentencia apelada de dos de marzo de dos mil, escrita a fojas fojas 586 y siguientes en cuanto acogió en todas sus partes la demanda de fojas 1, y en cuanto rechaza la intervención de los citados de evicción por intermedio de su abogado don Antonio Recabarren Escudero, y en su lugar se decide que se rechaza en todas sus partes la acción reivindicatoria intentada por el actor en lo principal de fojas 1, y se declara que el abogado de los citados de evicción tiene poder suficiente para contestar la demanda en representación de los citados de evicción ;
b.- Que se revoca, igualmente la sentencia antes individualizada, en cuanto rechaza las demandas reconvencionales interpuestas por los citados de evicción en el primer otrosí de fojas 170, y en el segundo otrosí de fojas 218, por la Socied ad Agrícola Río Cisnes Limitada, y en su lugar se declara que la demandada ha adquirido el predio reivindicado por prescripción adquisitiva, sin que tenga importancia para los efectos de este juicio determinar si ella fue ordinaria o extraordinaria;
c- Que no se condena en costas a la demandante por haber tenido motivos plausibles para litigar, y
d.- Se confirma en lo demás la sentencia apelada.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Redacción del abogado integrante señor René Abeliuk Manasevich.
Rol Nº 294-02.
